Mediatización de la intimidad de los niños y adolescentes

El trágico acontecimiento reciente del asesinato de la adolescente Ángeles Rawson, y el deleznable manejo y presentación periodísticas del hecho, nos interpelan a reflexionar sobre la concepción social acerca de los niños y adolescentes en relación a la intimidad y su respectivo derecho.

Por Julián A. Ferreyra*

En los últimos días la llamada opinión pública se encontró conmovida por la desaparición de la adolescente Ángeles Rawson, de 16 años, seguida de su hallazgo sin vida en un basural de José León Suárez. La conmoción inicial del trágico hallazgo se vio rápidamente acrecentada por sucesivos agravantes ominosos: versiones aparentemente certeras de haber indicios de acciones ultrajantes y violación previas a su asesinato.

Estas aberraciones, que le sumaban más tragedia y repudio social al hecho, prontamente fueron enmarcadas de la siguiente manera: la joven habría sido abordada de manera accidental, "caminando por la calle y a plena luz del día" al momento de realizar su rutina escolar diaria. De esta presentación, aunque no entraremos aquí en detalle, conocidas imágenes y representaciones sociales en torno a la desprotección, el desamparo y al más llano terror se desprendían, con total intencionalidad. La consecuencia de esto es, naturalmente, un franco pedido de justicia y esclarecimiento, a toda costa.

Si la distancia entre los hechos probados, los cuales deben ser aseverados por la justicia y no por un aparato de opinión, y la veracidad de la presentación comunicacional al respecto es más o menos acentuada no será aquí puesto en problema; algunos enmarcan esta cuestión, con total coherencia, dentro de la llamada criminología mediática(1.)

Sin embargo, es moneda corriente que en la mayoría de estos trascendidos se tome esta intencionalidad arriba mencionada, tendiente a la producción de cierta inseguridad social generalizada. El paso subsiguiente es también reiterado: un niño o adolescente que se encuentra perdido, secuestrado o sin conocimiento de su paradero por cualquier razón es [ex]puesto masivamente por los distintos canales de producción de noticias.

Ahora bien, el encadenamiento de pasos que siguen, y su respectiva cadena de medios que justificarían un [sin]fin de contenidos acerca de la presunta víctima se valdría necesariamente del entretejido de un escenario previo de angustia, indignación e interés social al respecto. Es decir, como buenos grupos de interés económico, los medios de comunicación construirían un demanda social: el pueblo querría saber más y más sobre ese niño o joven puesto al mayor de los desamparos. Querría saber quién es, qué hace, de qué coordenadas socio-culturales proviene; y querría saber también, comprendemos esto sin ningún tipo de eufemismo o crítica pedante, todo esto y mucho más para de esta manera hacerse la idea de que a mayor información y datos difundidos más probable será un desenlace opuesto a la tragedia.

Entonces, ¿en qué consistiría este armado de medios y fines? No bastaría con la difusión de una simple foto, por ejemplo la que figurara en el DNI del menor: distintos datos irrelevantes, cargados de prejuicios, son difundidos sin cuestionamiento alguno. Fotografías copiadas desde las cuentas de Facebook del niño o adolescente son extrapoladas a la escena televisiva o en sus correspondientes canales digitales; costumbres, testimonios sin ningún aporte concreto para dar con, por ejemplo, su paradero son también difundidos sin cuidados o respeto. Incluso amigos o compañeros del menor, que además de ser también menores estarían transitando una experiencia francamente angustiosa, son llamados a opinar sobre el caso: fuimos testigos en el caso de Ángeles cómo muchos de sus compañeros de escuela eran entrevistados y, aunque obviamente sin ningún tipo de mala fe, instados a transmitir conjeturas, elucubraciones o discursos, enmarcando una situación totalmente contraproducente, o al menos sin aporte alguno, tanto para la investigación como para su propia experiencia penosa.

Investigaciones en las cuales participo, centradas en observar cómo los niños y adolescentes construyen distintas nociones en torno a sus derechos y distintos objetos del campo social, han delimitado cómo distintos contextos, instituciones y medios se presentan en tensión con la posibilidad de conformarse como garantes y posibilitadores de la concreción de dichos derechos, objetos y normas.

No son los niños y adolescentes objetos de cuidado, sino sujetos de derecho: y no sólo los concernientes a la alimentación, crianza o bienestar (derechos pasivos o proteccionistas) sino también en relación a su libre expresión e intimidad, entre otros (derechos activos o liberacionistas)(3).

Claro está, como en todo el campo jurídico, existen situaciones particulares en las que incurrimos en un cruce de derechos: la resultante es la ponderación del derecho más primordial o fundamental. Por ejemplo, y volvemos a las situaciones analizadas, nadie dudaría en investigar distintas fuentes o medios de comunicación personales (fuese un menor o un adulto), tales como las llamadas de un teléfono celular o la actividad en una red social, a los fines de dar con elementos de juicio que permitieran, llegado el caso, la subsanación de una situación riesgosa o indeseada.

Pero distinta es esta intencionalidad y manera de proceder, pensando siempre a la justicia como sujeto actor de dichas intervenciones, al citado modus comunicandi.

Desde estas líneas de sentido, ideas, cuestionamientos y hechos recientes es posible, entonces, dar cuenta de cómo bajo un imperativo al cuidado inducido y mal intencionado, tendiente a generar malestar social y preocupación, todo estaría permitido. Poco importa la exposición de imágenes, conversaciones o cualquier dato del espacio privado del niño o adolescente en cuestión. Al contrario: cuánto más sepamos de sus características, cuántas más fotos veamos, mejor.

No falta incluso quién, por haber sido espectador morboso de rumores y ciertos semblantes de la joven en cuestión incurra en un discurso en extremo deleznable y repudiable: “mirá esa foto! Claro, así de provocativa... ¿qué querés? ¡parecía una mujer!”, podría decirse miserablemente para incurrir en alguna justificación o racionalización nefasta y sobre todo falaz para cualquier vejación ocurrida.

La creciente e inédita relación recíproca de circulación de información entre los Medios de comunicación y las redes sociales, valiéndose los primeros de los segundos sin el más mínimo cotejo o responsabilidad, se presenta como un grave obstáculo para el respeto de la intimidad de los niños y jóvenes: tanto en casos de extrema gravedad, como en ocasiones mucho más banales. El derecho que los menores poseen de gozar de una esfera íntima no puede verse profanado por ninguna moción amarillista y sensacionalista. Mucho menos, el “cuarto poder” puede arrogarse la potestad de vulnerar el derecho a la intimidad de los niños y adolescentes justificándose por un fin tendiente al bienestar supremo del menor.

Es la justicia, democráticamente atravesada por la sociedad en su conjunto, quién debe no sólo comandar la protección en situaciones de urgencia y desamparo (valiéndose obviamente de todos los recursos y acciones posibles) sino también ser garante en éstas y en otros episodios de garantizar el pleno ejercicio por parte de los niños y jóvenes de sus derechos. Y son los medios quienes deben actuar en consecuencia a esto, obrando en pos de brindar información y contenidos realmente saludables y convenientes para la sociedad, y que de ninguna manera entorpezcan o sesguen las investigaciones formales.

En tiempos en que los Medios y la Justicia son casi por primera vez puestos a fondo en discusión, resulta también interesante pensar su respectiva responsabilidad social en temáticas como la garantía del derecho a la intimidad de nuestros niños y jóvenes: temática que, aunque a veces difundida o meramente enunciada, se presenta en las prácticas concretas fuertemente relegada y vulnerada.

*Lic. en Psicología y docente (UBA) – Investigador en temáticas de intimidad en niños y adolescentes del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación (IICE), Facultad de Filosofía y Letras UBA.

Notas:

1. Ver el libro de Eugenio Raúl Zaffaroni. “La cuestión criminal”.

2. Dichas concepciones jurídicas se enmarcan dentro de lo instituido por la Convención Internacional de los derechos del niño (1989), y los consecuentes debates y posiciones teóricas en autores como Rosemberg, F. y Sussel M. (2010) “A convenção Internacional sobre os dereitos da criança: debates e tensões”.

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